En
esta entrada me he propuesto analizar brevemente, desde mi punto de vista, una
serie de titulares que me han resultado interesantes:
- Los gobiernos autónomos contaban en 2010 con 200 'embajadas' en el extranjero. Cuestan aproximadamente 150 millones de euros.
Cataluña tenía 48
embajadas, el doble que la Comunidad Valenciana y
Andalucía, y cuatro veces más que Madrid. Todas las comunidades tienen oficinas en Bruselas. Este caso me
parece otro reflejo del despilfarro que se ha permitido en las últimas décadas.
- El Gobierno advierte a 94 municipios del País Vasco por incumplir la Ley de Banderas, por no incluir la española entre las oficiales.
Esta ley estipula en el
artículo 3, que La bandera de España deberá ondear en el
exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y
establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica
provincial o insular y municipal del Estado, por lo que es una obligación para
todos, y en caso de no ser respetada esta ley, se debe sancionar a los
responsables.
- Más de 6.000 licenciados españoles emigraron a Francia el año pasado.
Las
empresas del país galo se proponen contratar 230.000 empleados siendo los
ingenieros los más solicitados. Debido a los catastróficos números del paro,
los españoles han abierto de nuevo la puerta a la emigración en busca de un
futuro.
- El 30% de fracaso escolar cuesta 3.000 millones de euros en inversión.
Las nuevas medidas que ha tomado el gobierno de Mariano Rajoy presiona a los repetidores subiendo las tasas de las matriculas de aquellas asignaturas que se estén repitiendo, aumentando el precio de forma progresiva según se trate de matriculas en segunda, tercera, cuarta ocasión. A esto le acompaña una severa subida de las tasas universitarias, que el gobierno cree oportuna para la reducción del déficit, ya que los estudiantes suelen pagar solo un 10-15% del coste que tiene el servicio. Ahora el alumno se hará cargo del 25% del mismo.
- UGT y CC OO recibieron al menos 500 millones de euros en lo peor de la crisis.
Los sindicatos son los encargados de gestionar los ERE que se llevan a
cabo en las empresas, y por ello reciben una remuneración millonaria del fondo
que se crea para las indemnizaciones, por lo que la gestión de los ERE por
parte de las asociaciones sindicales les supone a los trabajadores una serie de
pérdidas económicas, además cuando los trabajadores formen parte de la
población sin empleo, se verán desamparados, puesto que los sindicatos
defienden la postura obrera, no la de los parados o autónomos, por ejemplo.
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